El aislamiento del inválido: crónica de una selectividad anunciada

Á atención do director do centro IES XXX

O/A alumno/a Iván Novegil Cancelas examinarase da proba de ABAU na comisión auxiliar ligada á comisión delegada nº 25 (C.R.E. Santiago Apostol-ONCE. Rúa Luis Braille, nº40. Pontevedra).

Debe presentarse o día 12 ás 09:00 horas no lugar indicado. No caso de que só se examine da parte voluntaria e non teña erros na matrícula pode presentarse no momento da realización dos exames.

Santiago de Compostela, a 3 de xuño de 2019

Asinado: XXX XXX XXX

Presidente da CiUG

Dentro de la aplicación NERTA, para la gestión administrativa de las pruebas de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU), concretamente en 3. Proba de acceso>Ver listaxe de matrícula, puede comprobarse que mi nombre aparece bajo uno de los epígrafes englobados en la comisión delegada 20, con sede en la Facultade de Ciencias Económicas e empresariais, en el Campus Universitario Lagoas-Marcosende de Vigo (frecuentemente abreviado CUVI). La asignación en los listados se hace, como por otro lado es lógico, sin atender a la discapacidad del solicitante, pues de otro modo se expondrían datos especialmente protegidos por la normativa de protección de datos, pero revela una de las mayores paradojas de estas pruebas, que se continúa dando año tras año únicamente en nuestra comunidad autónoma: ¿facilidad o inclusión real?
La carta de arriba, tan inocente a priori, entró en mi correo la mañana del pasado 5 de junio. Representa la confirmación definitiva de todos los trámites extra que los que las necesitamos tenemos que realizar para solicitar adaptaciones a la CIUG, comisión interuniversitaria autonómica, responsable de organizar las pruebas. Comenzaron en febrero, con varios informes técnicos, la lista de materias de las que me iba a examinar facilitada por adelantado y alguna que otra compulsa documental.
Entretanto, a principios del mes de mayo se nos comunicaron los nombres de los dos profesores que nos acompañarían durante la realización de las pruebas y ejercerían de representantes del centro ante la comisión, y también nos informaron, para mi satisfacción, de que los socios del ANPA no pagaban el transporte ofrecido esos tres días por dicha asociación. Obviamente, la satisfacción que debería haber sentido y la representación que esos profesores pudieran ejercer en mi caso fueron metafóricas, porque ni me acompañó nadie (sería bastante poco productivo mandar a un profesor a acompañar a un sólo alumno) ni ser socio del ANPA me sirvió para nada porque el autobús iba a Vigo y no a Pontevedra (de nuevo, resultaría improductivo y presumo que también bastante poco rentable para el ANPA). Desde tiempos inmemoriales (tan inmemoriales como hace 26 años, según fuentes), los alumnos con discapacidades más graves (todos los discapacitados hasta hace muy pocos años, punto en el que se diversificó la tarea hacia otras sedes) se examinan de selectividad en el Centro de Recursos Educativos (CRE) de la ONCE en Pontevedra, un chollo (aunque seguramente una bendición para los alumnos cuando se implantó, en circunstancias muy distintas a las actuales) para la administración pública, para las universidades y también para el departamento de recursos humanos del centro, que se ahorra desplazamientos y dietas que supongo que se abonarán a profesionales en otros centros de esta misma organización por su trabajo de asesoramiento y supervisión de las adaptaciones en las propias facultades universitarias. A cambio, a los cuatro afiliados a la entidad a los que nos toca este año se nos da gratuitamente alojamiento en el centro y un supuesto servicio de manutención del que hablaré más adelante, lamentablemente en términos no demasiado favorables.
¿Por qué es un chollo perfecto para todos menos para el alumnado? La administración, como siempre, delega la tarea que es responsabilidad suya en otra empresa casi pública: la ONCE. Esto no es para nada negativo cuando la organización (o empresa) en la que se delega funciona adecuadamente y cuando la administración pública telefonea periódicamente al responsable correspondiente para comprobar cómo van las cosas, pudiendo evaluar el resultado con verdadero conocimiento de causa, porque la administración, a menos que de verdad le ponga empeño, no va a conseguir la plantilla y la especialización de la ONCE, organización fundamental en la provisión de servicios, ayudas y adaptaciones, algunas de ellas indispensables para garantizar una atención educativa y autonomía suficientes. Que la ONCE es necesaria y un valor diferencial de España frente a algunos otros países lo reconoce cualquiera que sepa más o menos como está la situación, independientemente de su afinidad con las decisiones concretas de los actuales responsables, que influyen directamente en la calidad del servicio prestado. La administración, por otro lado, no hace, en general, tan bien su trabajo: la delegación competencial se realiza muchas veces sin un control periódico garantista, bien porque no hay funcionarios capacitados para emitir opiniones válidas al respecto, bien porque sencillamente prefieren desentenderse del tema. Y las universidades, por supuesto, cuantos menos marrones, mejor y menos lío. En definitiva, menos problemas y más felicidad para todos: la ONCE gasta menos, la xunta pasa de todo y las universidades no quieren saber nada, que no es su problema, si lleva así tanto tiempo será por algo acerca de lo que no tienen intención de investigar.
«Todo para o pobo sen o pobo», que diría cierto profesor de historia en referencia a la máxima del despotismo ilustrado, ya que, como vemos, el alumno ni está ni se le espera en este planteamiento excepto a posteriori, una vez firmados los acuerdos, cuando todos se ponen a pensar cómo vendérselos como un regalo envuelto en colorido papel y con un vistoso lacito. Y deciden, muy sabiamente, no publicitar los inconvenientes de su modelo. De esta manera, estamos ante una comisión específica, formada, en muchas ocasiones, por gente que repite experiencia, que da el tiempo extra que se necesite con total tranquilidad, y en el mismo edificio que los especialistas de la ONCE, incluido el que hace las adaptaciones y la unidad de producción braille, que transcribe los exámenes a este código de lectoescritura.
Sin querer decir que las mencionadas no sean ventajas manifiestas y beneficiosas para el alumnado en el plano académico, es importante también tener en cuenta otros perjuicios quizá no tan evidentes y no tan relacionados con ese ámbito. Por supuesto, vuelvo sobre el tema de la maldita inclusión: no se puede pretender divulgar un discurso que fomente la igualdad de las personas con discapacidad y luego mandarlas a un edificio especial para ellas alegando únicamente ventajas académicas, argumentario que personalmente me sabe a poco. En otras partes de España, las universidades colaboran activamente, junto con personal desplazado desde la ONCE, en la realización de las adaptaciones in situ, sólo con el aislamiento del alumno ciego mínimo e imprescindible (entiéndase por sala aparte o similar), hecho objetivo que quizá nos esté diciendo que es hora de cambiar nuestro modelo. Tampoco es, por otro lado, imprescindible recibir el examen en braille, pues un PDF o un documento de Word, al menos en mi caso, sirven sin ningún problema. El resto de alumnos susceptibles de recibir la prueba en braille también deberían estar acostumbrados a utilizar un ordenador para acceder a apuntes, exámenes y otros documentos, de forma que si se alega eso como problema sería el momento de plantearnos, además, para qué se gasta dinero público en entregar ordenadores a gente como nosotros.
Con la referencia a otros perjuicios que no están tan relacionados con la prueba en sí misma me refiero, por ejemplo, al autobús al que tengo derecho y que no voy a utilizar o a otros inconvenientes de tipo social, eufemismo que utilizo aquí para que nadie piense que vengo a dar pena, práctica extendida entre las personas con discapacidad de la que, si nada falla, hablaré en un futuro post. Por otro lado, los residentes en el centro de la ONCE esos días tenemos, desde el curso pasado, que pagar nuestra propia cena, encargada por lo general a algún servicio de comida rápida, cuando todos cenan en sus casas y pueden comer en la cafetería universitaria por un precio mínimo, que no tendría inconveniente a que me cobrasen en el CRE. La casualidad de encontrarte con el director en la puerta y que te invite amablemente a la pizza, como nos sucedió a nosotros, que es, para ser justos, un buen gesto, no quita que el hecho en sí de prescindir de este servicio, ya en años anteriores, cuando aún lo había, denunciado como muy deficiente, sea un inconveniente más de este particular sistema que sería, en este caso, de solución extremadamente fácil y ya os imaginaréis responsabilidad de quién.
Cuenta algún ex alumno universitario que hasta la aparición de este modelo las pruebas de acceso, que se hacían en un tribunal ordinario, las copiaba el propio estudiante a mano con una máquina de escribir braille (Perkins). No fue hasta el final de las pruebas cuando a alguien se le encendió la bombilla y llamaron al entonces colegio Santiago Apóstol para que alguien las transcribiera a braille, movidos, imagino, por algún tipo de compasión al ver a un alumno que perdía cantidades ingentes del tiempo de la prueba simplemente copiando las preguntas a las que luego tenía que responder. Fue poco después de este año del que hablo cuando, con el impulso de alumnos como éste, el mismo colegio al que llamó el tribunal a última hora se convirtió en sede de su propia comisión delegada, identificada en la actualidad con el número 25. Hoy, 26 años después, y ya con mucha tecnología inventada, quizá sería hora de volver a probar qué pasa si, como en el resto de comunidades autónomas, mandamos a un estudiante ciego, asistido por el personal cualificado oportuno, a la terrible aventura de un tribunal ordinario o, al menos, con sede en la misma facultad donde se examinen el resto de compañeros. A ver quién se va a creer la apuesta por la educación integrada si, al menos, no probamos. Igual, sólo igual, la experiencia no resulta tan catastrófica.

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He dejado esta entrada programada desde noviembre, después de unos meses de maduración en la nevera, para que me olvide de que está ahí y no tenga oportunidad de arrepentirme de lo dicho a última hora. Felicidades y gracias, en este día señalado, a todos los profesionales de organizaciones como la ONCE que hacen cada día su trabajo lo mejor que saben y les dejan para, por lo menos, intentar conseguir la inclusión.

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